Las marchas convocadas en Chiclayo no han pasado sin dejar huella en las calles de la ciudad. Frases como “CIERRE DEL KONGRESO”, “ASAMBLEA CONSTITUYENTE” o “DINA ASESINA”, escritas a modo de grafiti, ya se leen en diversos --e inocentes-- murales.

Quiero, en esta entrada, comentar especialmente la última de estas denuncias, según la cual la muerte de casi una veintena de peruanos manifestantes es responsabilidad directa de la Presidenta Dina Boluarte.

Recordemos, antes, que las marchas y los paros iniciaron poco después de que el Congreso vacara al entonces Presidente Pedro Castillo, por incapacidad moral acreditada por su intento de golpe de Estado. Asimismo, las manifestaciones se agudizaron con la detención e investigación penal del exmandatario.

¿Qué reclaman las marchas? De todo, pero no al unísono. Algunos defienden la liberación de Pedro Castillo (¡!); otros, la Asamblea Constituyente; y un grupo, el cierre del Congreso. Hay más reclamos –mundo más libre, menos discriminación, defensa de derechos LGTBIQ+, comunidades nativas, entre otros– que, en verdad, no me resultan pertinentes en el contexto de la crisis política (lo que no quiere decir que no sean válidos, desde luego), y por eso no los destacaré.

Las marchas se organizaron con bastante celeridad al sur del país. Allí también llegó sin demora la violencia en forma de enfrentamientos armados, muertes o atentados contra inmuebles.

Bien, con esto a la vista, ya podemos empezar el análisis tanatológico.

¿Cuáles son las causas de las muertes? A mi criterio, pueden ser dos.

La primera, tendría nombre y apellido: Aníbal Torres Vásquez. El doctor en derecho, profesor de San Marcos, asesor inmediato de Pedro Castillo, redactor del infame mensaje a la Nación y atento observador –ahora desde la clandestinidad– de los efectos de su plan, sería, desde mi perspectiva, el responsable de las muertes.

Me explico: el golpe de Estado que Castillo infructuosamente promovió fue premeditado, no por él, evidentemente, sino en la mente adiestrada de Torres Vásquez. Ese tembloroso papel al que Castillo dio lectura el ya inolvidable 7 de diciembre no contenía sino las frases que el jurista muchas veces antes, en idéntica composición, pronunciaba en sus apariciones públicas.

Toda la inestabilidad social de los últimos días se debe, en exclusiva, a la fatal decisión de Castillo de seguir el consejo de su asesor.

Si el entonces Presidente no hubiese seguido este derrotero, probablemente seguiría siendo dirigiendo los destinos del Perú (la mayoría de analistas coincidía en que los votos para la vacancia no eran suficientes). Y aunque el malestar de la ciudadanía era prácticamente generalizado ante sus cada vez más abrumadoras pruebas en su contra, este no tenía obligación legal de abandonar el cargo. Su permanencia, con todo, todavía era legítima (fue electo por democrática).

Haber intentado desarticular el Estado de Derecho, vaciar de contenido la Constitución y de haber querido asumir todo el poder político hizo que Castillo dejase de ser Presidente. Su vacancia, desde el plano constitucional-procedimental, es perfectamente legítima. Desde un examen moral, para muchos, yo incluido, también (¡¿quién, que se sepa inocente, intenta destruir a quien lo acusa?!).

Dina Boluarte no es la responsable de ninguna de las muertes. No puede serlo, porque su ascenso a la Presidencia no ha sido antojadizo o sorpresivo, ni menos aún ilegítimo. En otras palabras, ella no tiene la culpa de ser, en este momento, la Presidenta. En todo caso, la “culpa” la tendría la propia Constitución, pues esta ha previsto que en caso de que el titular no se encontrare habilitado para continuar en el cargo, su reemplazo será la segunda máxima autoridad del país, la Vicepresidenta.

¿Qué responsabilidad puede tener el funcionario que observa el procedimiento constitucional establecido? ¿No es justamente el apartamiento del procedimiento constitucional el que genera responsabilidad? Cosa distinta es que una parte minoritaria de la ciudadanía –la de las pintas– crea que su irritación (hemos visto, de múltiples causas) puede justificar, de inmediato, el desconocer el mérito de la Constitución. Si existe orden en el país, es porque se respeta la máxima norma jurídica. No podemos subestimar esta condición básica del Estado de Derecho en el que todos deseamos vivir.

¿Por qué entonces se le atribuye las muertes a Dina Boluarte? Para mí la explicación radica en que un sector del país quiere ver satisfechas sus variadas pretensiones, fundamentalmente aquella consistente en nuevas elecciones, de inmediato, incluso si ello supone olvidarse de los procedimientos legales que rigen el orden del país.

No cabe duda de que el adelanto de las elecciones generales es un clamor generalizado (yo mismo participo de este sentir). Pero su puesta en marcha no puede ser, por mucho que así lo reclamen ciertos sectores, inmediata. Defender esto, y culpar a Boluarte por las “consecuencias” de este “retraso” (“DINA ASESINA”), es desconocer que pedidos como la celebración de elecciones requiere de muchas cosas, más allá de la intención. Está el aspecto logístico, pero antes de él, asegurarse de que los políticos elegibles provienen de elecciones internas válidas, transparentes y democráticas en sus sendos partidos. ¿De qué sirve adelantar las elecciones, si la calidad de quienes podrían ser elegidos es mínima? Es un auténtico despropósito, pero el apasionamiento de ciertos sectores no permite entenderlo.

Pero existe, a mi criterio, una segunda causa de las muertes. que a su vez confluye a dos elementos: (i) los elementos infiltrados de la violencia; y (ii) el fenómeno del gatillo ligero, ambos de probanza en extremo compleja.

Las manifestaciones, principalmente las del sur, en contra de la ascensión de la Presidenta Boluarte rápidamente adoptaron medidas más agresivas de expresión.

Las Fuerzas Armadas narraron los acontecimientos de uno de estos episodios en un comunicado institucional del 16/12/22:

2. El 15 de diciembre, aproximadamente a las 13:00 horas, una patrulla del Ejército que se desplazaba de la plaza de armas hacia el aeropuerto de Huamanga, fue atacada por una turba con objetos contundentes, explosivos y armas de fuego artesanales, poniendo en riesgo la integridad física de sus integrantes.

Muy seguramente, los compatriotas de Ayacucho, descontentos por la crisis agudizada en la capital, y por factores de los que solo podemos hablar en terreno presuntivo (caída de la reivindicación campesina, "victoria" de la derecha y de la prensa mermelera, entre otros), no buscaban terminar expresando su clamor a través de medios violentos.

Pero, entre las filas de los marchantes, no cabe duda de que se infiltraron elementos cuyo único fin era el de practicar, abiertamente, la delincuencia. Ilícitos que, presumiblemente, cometen de forma clandestina; y que, en el contexto de un enfrentamiento, pueden dejarse salir con alta probabilidad de la impunidad.

Por cierto, este tipo de actos delincuenciales también llegaron a tierras limeñas. Incluso, uno de las sedes del canal Panamericana sufrió los desmanes de personas ideológicamente marcadas en contra de la "prensa mermelera".

El gran problema de estos elementos es que las consecuencias de sus actos son asumidas, no por ellos mismos, sino por todos quienes se encuentren a su alrededor --por pura casualidad o premeditada asociación--, pues la estigma, y la represión, es, inevitablemente, generalizada. En una palabra: pagan todos.

Si a esto le sumamos el fenómeno social del gatillo ligero, por el cual se reconoce que, entre las filas de la PNP y de la milicia, también existen elementos de cuestionable proceder, que no dudan en liberar su sadismo a través del arma que el Estado les ha provisto, la veintena de muertes empiezan a cobrar una entendible explicación.

Sin perjuicio de lo anterior, no se puede dejar de mencionar un factor adicional, el que, seguramente, es el más puntiagudo de comentar. Y este es la romantización de las protestas (desnaturalizadas), aquellas promovidas y azuzadas por justamente los elementos infiltrados en las marchas que iniciaron pacíficamente.

Estos elementos, autoexpuestos a un enfrentamiento desigual (los militares están entrenados para la guerra y el manejo de armas de muerte) pretenden defender una infundada creencia de que enfrentarse a, en este caso, y en este contexto, policías y militares es una muestra de entrega por el país, una muestra de enorme valentía y sacrificio, de la que se debe estar para siempre orgulloso.

No se puede negar que si existe un malestar popular, nada en la Ley impide que se manifieste a través de marchas pacíficas, respetuosas, civilizadas.

Pero cuando estas se desnaturalizan totalmente en actos encubiertos de vandalismo, cuando se atenta contra la propiedad privada, y cuando se afectan bienes y servicios públicos de que se vale toda la comunidad (carreteras, aeropuertos, hospitales, establecimientos del Poder Judicial, de la Fiscalía), es del todo lógico que las fuerzas del orden deben intervenir, y adoptar las medidas que sean necesarias para restablecer la tranquilidad pública.

Lamentablemente, en este punto, el "pagan todos" es una triste realidad.

Pues bien, romantizar una protesta violenta es avalar, sabiéndolo o no, el ejercicio abusivo del derecho a la libre expresión; y consentir, de nuevo, sabiéndolo o no, conductas limítrofes con los ilícitos penales. La libre expresión, aun siendo derecho fundamental, acaba cuando los medios empleados para expresarse son irrazonables, como la violencia; y cuando los efectos de la conducta alcanzan, perjudicialmente, a terceros.

No. Ni la PNP ni los militares son nuestros enemigos. Son, en realidad, todo lo contrario: son quienes nos defienden ante los enemigos del país: la delincuencia, el tráfico de drogas, el terrorismo.

Y quienes irrumpen en, por ejemplo, un aeropuerto; o quienes prenden fuego a un edificio del Poder Judicial; o quienes bloquean carreteras, se vuelven, con todas sus letras, en delincuentes. Y merecen, por tanto, que el peso de la Ley caiga sobre ellos.

No se estigmatiza con esto el legítimo derecho a protestar. Se denuncia el abuso del derecho a protestar. La práctica de este por medio de la violencia.

Ahora, en el marco de un estado de emergencia, donde los militares salen a las calles, y donde tienen autorizado reprimir los desmanes, abusos y excesos con la fuerza armada, la muerte es una certeza, si los “manifestantes” insisten en sus conductas delictivas. Este es “el peso de la Ley”.

3. La patrulla atacada siguió el procedimiento legalmente establecido, aplicando estrictamente las normas sobre el uso de la fuerza actualmente vigentes. (Extracto del Comunicado de las Fuerzas Armadas, del 16/12/22)

En este sentido, las muertes de los elementos infiltrados, generadores de la violencia, y disfrazados de “manifestantes” (a quienes terminan perjudicando material e ideológicamente), es atribuible a su temeridad, a su conducta delincuencial. ¿Qué se espera obtener de los militares si se toma un aeropuerto? ¡Seamos realistas!

Desde luego, el control con armas es la última alternativa, pues primero se ha intentado poner fin al enfrentamiento con medidas alternativas, menos agresivas. Si se ha llegado a las armas, es porque estos elementos así lo desearon.

En fin, la explicación de la realidad del Perú es tarea bien complicada. En esta entrada, he pretendido dar mi opinión sobre algunos hechos muy controvertidos. La muerte de más de una veintena de peruanos nos permite ver la dimensión del problema en que nos encontramos envueltos.

Creo que, pensar las causas y fenómenos (tanatología) de cada una de estas pérdidas, podría servirnos para involucrarnos en el problema y convertirnos en parte de su solución.

Salvo mejor parecer.